Dos décadas de evaluación de impacto ambiental en Chile. Diagnóstico, valoración y propuestas para la mejora del desempeño ambiental.

Abstract

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es una herramienta legal-administrativa para identificar, predecir e interpretar los impactos que un proyecto puede producir en el ambiente y la salud humana. La EIA se originó en la década de 1970 en Estados Unidos de América y fue reconocida como un instrumento de gestión ambiental en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas, y en 2012 ya era utilizada por más de 191 países.

En Chile, la EIA se introdujo en 1994 con la promulgación de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Actualmente, tras 25 años desde su puesta en marcha, se han publicado tres reglamentos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y se han realizado modificaciones a la Ley, siendo la más significativa la promulgación de la Ley 20.417, a través de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Desde 1994 a 2018 se han sometido a EIA un total de 25.096 proyectos, con un 63,5% de aprobación global, considerando las dos tipologías de proyectos: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Una DIA es un documento donde el titular describe bajo juramento el proyecto, y un EsIA es un documento con información detallada que incluye las características del proyecto, además de incorporar medidas de mitigación, compensación y reparación para hacerse cargo de los impactos generados. En ambos casos, la información es evaluada por organismos competentes.

La EIA es el instrumento de gestión con mayor nivel de reconocimiento público. Esto ha generado que, desde hace aproximadamente una década, existan fuertes cuestionamientos, basados principalmente en la conflictividad social que generan algunos proyectos, por la percepción de riesgo y desconfianza por parte de la ciudanía. Esta Tesis Doctoral ha evaluado el desempeño global del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile desde una perspectiva científica. Para ello, se seleccionaron una serie de criterios bibliográficos y se propusieron nuevos criterios a través de los cuales fue posible analizar el desempeño global de la EIA, comparándolo con los sistemas de Canadá, Brasil y España. Además, se ha descrito el estado del arte de la EIA en la acuicultura y saneamiento sanitario, y se ha evaluado su desempeño utilizando indicadores, para luego proponer oportunidades de mejoras a partir de las debilidades encontradas.

Se identificaron 18 criterios bibliográficos y se propusieron 4 nuevos criterios a partir de la revisión del informe de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Cada uno de los criterios fue evaluado en una escala ordinal de 1 a 5, y se compararon los sistemas de EIA de Brasil, España, Canadá y Chile. Los resultados permiten establecer un porcentaje de similitud del 88% entre España y Canadá y del 69% con Chile. Posteriormente, un Análisis de Componentes Principales (PCA) permitió establecer las principales fortalezas y debilidades del sistema de Chile comparado con los otros países en estudio. Las fortalezas son la existencia de Tribunales ambientales especializados para la resolución de conflictos y de opciones de apelación post obtención de la licencia ambiental. Las debilidades corresponden al alto nivel de centralización, la ausencia de consideración de alternativas de diseño, el no incluir el Scoping como criterio y que el proceso de evaluación ambiental estratégica no es vinculante.

En relación a los proyectos de acuicultura, 5.323 proyectos fueron sometidos a EIA entre 1994 y 2019. De ellos, el 99,34% fueron presentados como DIA, registrando las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes el 84,6% del total de proyectos sometidos. A partir de lo anterior, se revisó una muestra de 71 proyectos (68 DIA y 3 EsIA) a través de un Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) utilizando 12 indicadores. Los resultados evidencian la existencia de dos grupos, el primer grupo incluye los del primer y segundo periodo normativo (D.S.30 y D.S.95) y el segundo grupo los del tercer periodo (D.S.40). Es así como se observa un buen desempeño a medida que se avanza en los periodos normativos, particularmente en los parámetros tiempo de procesamiento, descripción y justificación del área de influencia, profesionales que elaboraron los informes, número de Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAs) participantes en la evaluación del proyecto, y consulta y participación.

Respecto de los proyectos de saneamiento sanitario, 5.336 proyectos fueron sometidos a EIA entre 1994 y 2019, siendo 5.087 DIA (95,3%) y 249 a EsIA (4,7%). Esta tipología de proyectos se registró en todas las regiones, pero con un 42% concentrado en las regiones Metropolitana, Los Lagos y O’Higgins. Del an{lisis global de los datos se obtiene que el 62% de los proyectos fueron aprobados y sólo el 4,2% rechazados. Luego se realizó un PCoA a una muestra de 76 proyectos de saneamiento (61 DIA y 15 EsIA), considerando la aplicación de 14 indicadores y se identificaron diferencias significativas entre EsIA y DIA. De este modo, fue posible evidenciar un comportamiento similar al del rubro acuicultura en los criterios referidos al proceso de EIA, pero se analizó el comportamiento en la categoría post EIA, en donde se evidenció diferencias significativas entre DIA y EsIA en los criterios información pública posterior a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), supervisión y sanción por incumplimiento.

Posteriormente, como resultado de las debilidades identificadas se propusieron una serie de oportunidades de mejora, entre las que destacan la eliminación de las opciones de apelación administrativa, la incorporación de alternativas de diseño, integración del scoping, la creación de un registro de revisores independientes, la inclusión de análisis de efectos sinérgicos, acumulativos y cambio climático, y la exigencia de participación ciudadana anticipada en proyectos con carga ambiental. Finalmente, para la categoría post RCA, se propuso crear un procedimiento sancionatorio simplificado, la descentralización de la toma de decisión y la mejora del sistema de información pública.